Reacomodos en el GPPAN
Aguascalientes, Enero 22 (2015).- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXII Legislatura realizó cambios en la conformación de diversas comisiones legislativas, mismos que fueron dados a conocer durante la sesión ordinaria realizada este jueves.
Las modificaciones se realizaron en las comisiones de Gobierno, de Vigilancia, de Desarrollo Económico y Turismo, así como Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Adolfo Suárez Ramírez se integra como vocal en la Comisión de Gobierno, en sustitución del diputado Ulises Ruiz Esparza.
El diputado Mario Alberto Álvarez Michaus asume el cargo de vocal en la Comisión de Vigilancia en sustitución de la Coordinadora del GPPAN, la diputada Martha Cecilia Márquez Alvarado.
Por su parte, la diputada Márquez se desempeñará ahora como vocal en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relevando al diputado Suárez Ramírez.
Además, el diputado Ruiz Esparza fungirá como vocal en la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, cargo que hasta hoy correspondía al diputado Álvarez Michaus.
Dichos cambios entran en vigor a partir de esta fecha. Lo anterior de conformidad con la reglamentación interna del GPPAN y en consonancia con lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Además, durante la sesión correspondiente a este día, el diputado Leonardo Montañez Castro presentó la Iniciativa de Reforma al artículo 83 y de Adición del Artículo 127 Bis del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que busca sancionar a quien incumpla o impida el derecho de los padres de familia a convivir con sus hijos. La iniciativa garantiza que los menores no resulten afectados al no poder convivir con uno de sus padres como producto de una separación matrimonial.
Como resultado, quien incumpla con el derecho de convivencia, se hará acreedor a una pena de 6 meses a 3 años de prisión y de 50 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, e inclusive la suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con la víctima.